miércoles, 22 de julio de 2009

INADMISIBLE: Graves errores de evaluación dejan fuera proyectos de Juan Radrigán

Desde Analizame, contado por Gonzalo Maza:


"Ayer me encontré con Juan Radrigán, don Juan, en mi consideración el mejor dramaturgo chileno vivo de nuestra época (”Hechos consumados”, “Las brutas”). Me contó que le habían rechazado los proyectos que había presentado este año a los fondos de cultura. Eran varios proyectos, pero el que más le dolía era uno en especial: un taller de dramaturgia gratuito para la comunidad. Hasta acá nada nuevo: jurados y evaluadores rechazando y denostando a un artista destacado y de carrera.

Pasa todo los días y con los argumentos de evaluación más ofensivos (su hija Flavia Radrigán me contaba que una vez le habían “recomendado” en una evaluación “leer más, en especial obras de Charles Dickens”). Sin embargo, lo verdaderamente indignante en este caso, y si se quiere ‘inadmisible’ para usar la terminología que este año puso de moda el Consejo de la Cultura, es que los proyectos de don Juan tienen graves problemas de evaluación, digamos, problemas ‘objetivos’: en el caso del proyecto “Taller de lectura y reparación de obras”, la evaluación establece que el proyecto “no presenta antecedentes curriculares”, lo que simplemente es falso: don Juan me mostró su proyecto enviado por internet y ahí estaban los currículos y también estaban en el proyecto impreso. Pero más desconcertante es lo que pasó con otros proyectos del Fondo del Libro en la modalidad “Creación literaria” (6757-1 “Bailando para ojos muertos” y 6758-K “María Celeste no ruega por usted”): simplemente no tienen evaluación. Increíble pero cierto: los proyectos aparecen ingresados y aceptados, pero no fueron evaluados (y sí, verifiqué, y no dicen que está inhabilitado ni inadmisible ni nada. No dice NADA).

Tengo entendido que existe una instancia de apelación para estos casos pero don Juan no le tiene mucha fe: “Habitualmente a uno le pide que envíe cartas pero ni las leen”.

Las bases tampoco ayudan mucho: por más que se haya equivocado un evaluador, el Fondo tiene una tendencia a lavarse las manos con la excusa que aparece en la página 15 de sus bases. La única reclamación posible es que existan “causales de incompatibilidad que involucre a los integrantes de la comisión de evaluadores” (o sea que sean familiares con alguno de los ganadores, por ejemplo), lo que insiste más adelante cuando dice que “no procederá una reclamación por razones distintas a la incompatibilidad de los integrantes del comisión de evaluadores externos o del Jurado” (aunque queda con don Juan la esperanza con la frase siguiente: “a los concursantes les asiste el derecho a solicitar la revisión del procedimiento administrativo en el proceso de selección de conformidad a las normas generales contenidas en la legislación vigente”… sea lo que sea que quiera decir).

¿Puedo decir algo? Me parece IMPRESENTABLE. Es impresentable que el Fondo cometa estos errores, y sea un fondo lleno de soberbia que no está dispuesto a revisarlos ni corregirlos. Y es impresentable que este no sea un hecho aislado: ayer otro amigo me contaba cómo en la evaluación de su proyecto aparecía un texto…. ¡que hablaba de otro proyecto totalmente distinto! Qué decir del sistema de inadmisibilidad errático que se instauró este año, en el que aparecían listas fantasmas en internet en las que aparecían nombres de personas inhabilitadas, y que luego esas listas no se pueden encontrar, y por supuesto, sin mediar ningún aviso a los afectados.

¿Hay alguien más en esta audiencia que tenga problemas con su evaluación que quiera juntar su caso? Por último, como mecanismo de desahogo."



viernes, 17 de julio de 2009

¿Falacias de frailes?

Señor Director:

Monseñor Contreras ha sugerido que en mi última columna tergiversé las intenciones de Monseñor Goic.
No es así.
Simplemente critiqué sus palabras diciendo que, bajo ningún respecto, estaban justificadas: ni la Iglesia estaba siendo empujada a la sacristía como temía Monseñor Goic (un reclamo como ese es ridículo viniendo de una confesión, dije, que tiene seis universidades subsidiadas por el Estado, innumerables escuelas financiadas con subsidios públicos y una red de televisión); ni quienes se oponían a ella en el tema de la píldora hacían uso de un doble estándar (puesto que, agregué, no tiene nada de malo coincidir con la Iglesia en algunas cosas y discrepar en otras). Lo que ocurre, sugerí, es que Monseñor confunde el indudable derecho de la Iglesia a hacer valer sus puntos de vista (en lo que se equipara a cualquier otro ciudadano) con la pretensión de que sus puntos de vista se tengan, sin más, por verdaderos (esto, dije, es desgraciadamente inadmisible en una sociedad cuyos ciudadanos se tratan como iguales).

Así entonces no hubo tergiversación alguna. Lo que ocurre es que Monseñor Goic dijo algo que, simplemente, no se sostenía.

Quizá por eso Monseñor Contreras -aprovechando esta discusión- pretende ahora reformular lo dicho por Goic: "Lo que expresó -dice Monseñor Contreras explicando las palabras de su colega- fue que desde diversas y opuestas trincheras ideológicas hoy existe, y existió en el pasado, la pretensión errada de relegar a la Iglesia al ámbito privado y cultural".
Pero esa interpretación es peor que el original: ¿por qué habría de ser errado relegar a la Iglesia al ámbito privado y cultural? ¿Y dónde querría Monseñor que la Iglesia estuviera? Si el ámbito privado y el cultural (es decir los ámbitos donde se forman las opiniones de los ciudadanos) no le son suficientes ¿cuál ámbito es el que la satisfaría si se puede saber? ¿Si no le bastan la adhesión voluntaria de los ciudadanos y la posibilidad de esparcir sus puntos de vista en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en el espacio de la cultura, que es lo que tradicionalmente se llama espacio público (y para lo que cuenta, repito, con seis universidades e innumerables escuelas subsidiadas y una poderosa red de televisión) qué situación, ya que no esa, es la que estaría a la altura de las expectativas de Monseñor Contreras?

lunes, 13 de julio de 2009

Peña critica el discurso victimizador de Monseñor Alejandro Goic

Frailes en la República


"¿Hay alguna incoherencia en apoyar a la Iglesia por su defensa de los derechos humanos durante la dictadura y oponerse a ella ahora, en democracia, cuando se discute sobre la píldora?

Monseñor Alejandro Goic sostuvo que sí. La Concertación -agregó- posee un "doble estándar" en esta materia.
"Personas que ayer defendían a la Iglesia ante quienes nos arrinconaban (...) por defender los derechos humanos, (...) hoy pretenden encerrar a la Iglesia en la sacristía de una fe privatizada".

¿Es razonable esa crítica?

No.

Una crítica como ésa es simplemente insólita viniendo del obispo de una Iglesia que es invitada a exponer en el Congreso Nacional cada vez que asoma algo que pudiera herirla, que tiene innumerables escuelas y nada menos que seis universidades con financiamiento estatal; que cuenta con una poderosa red de televisión, que accede a los medios cuando le place y que posee una notoria presencia en los ritos republicanos, al extremo de que si le dijéramos a cualquier observador imparcial que Chile es un Estado laico, pensaría, sin duda, que nos burlábamos de él.

Presentar a una Iglesia que tiene esa presencia cultural y ese poder como si estuviera siendo empujada a las catacumbas es ¡simplemente increíble!

¿Cómo explicarlo?

Lo que ocurre es que monseñor Goic confunde el derecho de la Iglesia a manifestar sus puntos de vista en el espacio público (algo que nadie discute y que, llegado el caso, todos debiéramos defender) con la pretensión de que esos puntos de vista sean, sin más, tenidos por verdaderos (algo que es obviamente inaceptable).

Una cosa es que la Iglesia reclame su derecho a hacer valer sus puntos de vista, otra es que pretenda que se le reconozca autoridad a la hora de formularlos. Lo primero es plenamente admisible en una sociedad que trata con igualdad a sus miembros, lo segundo no. En una sociedad abierta, los ciudadanos pueden voluntariamente reconocer autoridad a alguien; pero nadie tiene derecho a reclamarla en razón simplemente de ser quien es.

Y ése es justamente el problema.

La Iglesia no tiene derecho alguno (como no lo tiene ningún sector) a que se le reconozca autoridad para emitir los juicios que emite. Ella puede esmerarse en obtener ese reconocimiento en el foro de la cultura y de la educación (al igual como lo hacen otros sectores), pero no puede pretender que tiene derecho a él.

Por eso, el reproche de Goic a los sectores políticos que fueron perseguidos y que la Iglesia protegió no sólo es insólito.

Es inaceptable.

Del hecho que la Iglesia haya protegido a las víctimas de la dictadura se sigue una indudable razón para estarle agradecido. Pero de ahí no se sigue que deba reconocérsele autoridad en todos los ámbitos de la vida. Cuándo las víctimas se protegían en la Iglesia eran eso: víctimas indefensas, no ciudadanos que adherían a todo aquello que la Iglesia proclamaba. ¿Desde cuándo la víctima de abusos solicita refugio a cambio de enajenar su autonomía y su reflexión? ¿Acaso las víctimas deben ser tratadas como Robinson trataba a Viernes?

No hay nada más fácil para eludir los gravámenes que impone a todos una sociedad abierta y reflexiva, que hacerse el ofendido o el perseguido. Es lo que -a falta de mejores argumentos- hizo monseñor Goic: acusar de malagradecidos a quienes, apenas, quieren reflexionar por sí mismos.

Por eso, en vez de posar de perseguida, la Iglesia debe hacer lo que ha venido haciendo hasta ahora: esparcir sus creencias y sus puntos de vista en la esfera de la cultura, en los medios de comunicación, en sus innumerables colegios, en sus seis universidades financiadas con subsidios públicos, en sus canales de televisión y en las audiencias del Congreso a las que seguirá siendo, sin duda, invitada.

Pero si los ciudadanos no se dejan convencer y si, como parece estar ocurriendo, a pesar de todo porfían en mantener una esfera de autonomía, la Iglesia debe aceptarlo y no exagerar -como lo hizo monseñor- tratando de hacernos creer que el desacuerdo es lo mismo que una condena a las catacumbas.

miércoles, 1 de julio de 2009

Notable columna del dr. Fernando Zegers: Sexualidad y anticoncepción como bienes morales

Una vez más, la anticoncepción de emergencia y la sexualidad humana dejan de manifiesto el abismo existente entre la moral que promueve la jerarquía católica y la moral que vive nuestra sociedad. Recientemente, monseñor Alejandro Goic expresó que, acorde a la moral católica, en los últimos años la sexualidad se ha convertido en un fin en sí mismo, y al desvincularla de la procreación y del matrimonio se desvincula del amor, favoreciendo la promiscuidad sexual, embarazos precoces y abortos.

En lo que a sexualidad y familia se refiere, la moral católica está inspirada en "Humanae Vitae", de Paulo VI (1968). Por una parte se promueve la paternidad responsable, pero además establece que es moralmente inaceptable disociar el fin unitivo del procreativo del acto sexual. Por ello, no confundirse, cualesquiera sean las evidencias científicas, la Iglesia Católica no aceptará la anticoncepción artificial, sea ésta de emergencia o no, independientemente de que el método sea probadamente no abortivo; la Iglesia no acepta ni siquiera el condón, porque disocia el fin unitivo del procreativo.

Esta norma moral carece de fundamentos biológicos y es contraria al bien social. La sexualidad bien entendida contribuye a la unión en la pareja porque genera placer, y compartir el placer del cuerpo y del espíritu tiene una enorme capacidad unitiva, con total prescindencia de si tiene o no un efecto procreativo o si la pareja está o no casada. Los métodos modernos de anticoncepción han permitido que mujeres puedan gozar de su sexualidad sin la carga de embarazos no deseados, disminuyendo el número de abortos, evitando muertes maternas innecesarias y permitiendo que mujeres accedan a educación superior y compitan en el plano laboral. La sociedad entera se ha beneficiado con la incorporación de mujeres en decisiones políticas, y ello es consecuencia de haber usado la ciencia para armonizar la sexualidad con la familia y el trabajo.

El valor moral de una mujer no está en si toma o no anticonceptivos. El valor moral está en la manera de realizar su sexualidad, de contribuir al desarrollo de su familia y de dar lo mejor de sí en su trabajo o en sus estudios. Centrar la moralidad en el uso o no de anticonceptivo carece de sentido.
Monseñor Goic señala que la procreación es un derecho humano y al Estado le cabe respetarla, protegerla y apoyarla, y enseñar a los jóvenes a optar por una maternidad y paternidad responsable. Pienso que la procreación no es un derecho; es un regalo. Sin embargo, las personas tienen derecho a trabajar con la ciencia y la tecnología para ojalá recibir ese regalo. Asimismo, las personas tienen derecho a acceder a los recursos de la ciencia para evitar los embarazos. De no ser así, la sociedad estaría discriminando en contra de mujeres y hombres según su voluntad procreativa.
Concuerdo con monseñor Goic en la necesidad de educar a jóvenes y adultos en su sexualidad, pero debe recordarse que todas las iniciativas generadas en los últimos gobiernos han terminado en una discusión moral estéril entre los promotores y la jerarquía eclesiástica. Quizás ha llegado el momento de mirar la realidad con pragmatismo y pensar más en las necesidades de los jóvenes que en la defensa de morales particulares.

En relación con la píldora, reafirmo que no existe evidencia científica que demuestre un efecto post fecundación. Por el contrario, toda la evidencia apunta a que no afecta ni al embrión ni impide la implantación. Pero la argumentación científica no ha logrado penetrar, ya que en este país prevalecen los dogmas de fe y el acatamiento de las directrices que emanan de las autoridades eclesiásticas. Si no fuera así, no habría tanta intervención de las más altas autoridades de la Iglesia Católica llamando a los legisladores no a estudiar, sino a votar de acuerdo a la posición de la Iglesia.

Nuestras autoridades tienen una especial obligación moral con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La mayor parte de las violaciones, embarazos en adolescentes y nacimientos fuera del matrimonio tiene lugar en situaciones sociales marginales. Esta realidad es inmoral porque, entre otras cosas, atenta contra el principio de autonomía al no permitir que mujeres humildes regulen su fecundidad según sus propias necesidades, y atenta contra el principio de justicia el no permitirles acceder a métodos anticonceptivos eficientes como lo hacen mujeres nacidas en hogares acomodados. Estos son los mínimos morales con que nuestras autoridades deberán responder ante la ciudadanía.