Una vez más, la anticoncepción de emergencia y la sexualidad humana dejan de manifiesto el abismo existente entre la moral que promueve la jerarquía católica y la moral que vive nuestra sociedad. Recientemente, monseñor Alejandro Goic expresó que, acorde a la moral católica, en los últimos años la sexualidad se ha convertido en un fin en sí mismo, y al desvincularla de la procreación y del matrimonio se desvincula del amor, favoreciendo la promiscuidad sexual, embarazos precoces y abortos.En lo que a sexualidad y familia se refiere, la moral católica está inspirada en "Humanae Vitae", de Paulo VI (1968). Por una parte se promueve la paternidad responsable, pero además establece que es moralmente inaceptable disociar el fin unitivo del procreativo del acto sexual. Por ello, no confundirse, cualesquiera sean las evidencias científicas, la Iglesia Católica no aceptará la anticoncepción artificial, sea ésta de emergencia o no, independientemente de que el método sea probadamente no abortivo; la Iglesia no acepta ni siquiera el condón, porque disocia el fin unitivo del procreativo.
Esta norma moral carece de fundamentos biológicos y es contraria al bien social. La sexualidad bien entendida contribuye a la unión en la pareja porque genera placer, y compartir el placer del cuerpo y del espíritu tiene una enorme capacidad unitiva, con total prescindencia de si tiene o no un efecto procreativo o si la pareja está o no casada. Los métodos modernos de anticoncepción han permitido que mujeres puedan gozar de su sexualidad sin la carga de embarazos no deseados, disminuyendo el número de abortos, evitando muertes maternas innecesarias y permitiendo que mujeres accedan a educación superior y compitan en el plano laboral. La sociedad entera se ha beneficiado con la incorporación de mujeres en decisiones políticas, y ello es consecuencia de haber usado la ciencia para armonizar la sexualidad con la familia y el trabajo.
El valor moral de una mujer no está en si toma o no anticonceptivos. El valor moral está en la manera de realizar su sexualidad, de contribuir al desarrollo de su familia y de dar lo mejor de sí en su trabajo o en sus estudios. Centrar la moralidad en el uso o no de anticonceptivo carece de sentido.
Monseñor Goic señala que la procreación es un derecho humano y al Estado le cabe respetarla, protegerla y apoyarla, y enseñar a los jóvenes a optar por una maternidad y paternidad responsable. Pienso que la procreación no es un derecho; es un regalo. Sin embargo, las personas tienen derecho a trabajar con la ciencia y la tecnología para ojalá recibir ese regalo. Asimismo, las personas tienen derecho a acceder a los recursos de la ciencia para evitar los embarazos. De no ser así, la sociedad estaría discriminando en contra de mujeres y hombres según su voluntad procreativa.
Concuerdo con monseñor Goic en la necesidad de educar a jóvenes y adultos en su sexualidad, pero debe recordarse que todas las iniciativas generadas en los últimos gobiernos han terminado en una discusión moral estéril entre los promotores y la jerarquía eclesiástica. Quizás ha llegado el momento de mirar la realidad con pragmatismo y pensar más en las necesidades de los jóvenes que en la defensa de morales particulares.
En relación con la píldora, reafirmo que no existe evidencia científica que demuestre un efecto post fecundación. Por el contrario, toda la evidencia apunta a que no afecta ni al embrión ni impide la implantación. Pero la argumentación científica no ha logrado penetrar, ya que en este país prevalecen los dogmas de fe y el acatamiento de las directrices que emanan de las autoridades eclesiásticas. Si no fuera así, no habría tanta intervención de las más altas autoridades de la Iglesia Católica llamando a los legisladores no a estudiar, sino a votar de acuerdo a la posición de la Iglesia.
Nuestras autoridades tienen una especial obligación moral con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La mayor parte de las violaciones, embarazos en adolescentes y nacimientos fuera del matrimonio tiene lugar en situaciones sociales marginales. Esta realidad es inmoral porque, entre otras cosas, atenta contra el principio de autonomía al no permitir que mujeres humildes regulen su fecundidad según sus propias necesidades, y atenta contra el principio de justicia el no permitirles acceder a métodos anticonceptivos eficientes como lo hacen mujeres nacidas en hogares acomodados. Estos son los mínimos morales con que nuestras autoridades deberán responder ante la ciudadanía.
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